Crónica de actualidad

El PSOE piensa ya en una gran reforma fiscal a largo plazo

Un déficit público más flexible, fuerte apoyo a las familias y nuevas reformas fiscales para garantizar la igualdad de trato entre las rentas del trabajo y las del capital. Se trata de las bases de lo que el líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ha bautizado como "Socialismo de los ciudadanos", una doctrina que alumbrará todo el programa electoral del PSOE en su puesta en práctica a lo largo de la nueva legislatura.

Zapatero, así como el responsable del PSOE para Asuntos Económicos, Jordi Sevilla, han dejado constancia de su agenda futura en un documento –elaborado por ellos mismos-, el informe Políticas Sociales y Estado de Bienestar, un documento publicado simultáneamente a la aprobación del programa oficial económico y que deja claro el rumbo final de las nuevas reformas socialistas. "Tras varios años de gobierno popular el aparato público se encuentra debilitado" y las consecuencias han sido una pérdida de la "igualdad y protección social" de los ciudadanos. La solución, según el líder socialista, pasa por un aumento del aparato público, centrado principalmente en tres frentes. En primer lugar en la vivienda: el Estado debe avanzar en el proyecto de creación de un "parque público de viviendas en alquiler" e incrementar el número de viviendas a precio tasado.

Para ello, el programa del PSOE reconoce la necesidad de avanzar en una "reforma de la ley del suelo", eso sí, previo acuerdo con comunidades autónomas y ayuntamientos.

También será necesario el avance del peso público para cerrar un proceso de transferencias hacia autonomías y entes locales que dé prioridad a la cesión de materias como "los servicios sociales", principalmente, "educación, sanidad, prestaciones sociales, ciertas políticas de empleo y vivienda".

Y el tercer frente en el que debería ganar peso el Estado sería en el puramente recaudatorio. ¿Para qué? Para poder financiar un ambicioso programa galardonado, como figura estrella, por lo que en el futuro debería ser una "renta básica de ciudadanía, de carácter universal e incondicional". Algo que el que será nuevo presidente español no ha llegado a anunciar en su programa electoral, pero que se debería convertir en un siguiente paso al mínimo exento de 10.000 euros anunciado por su alfil económico, Miguel Sebastián.

Aunque, según Zapatero, la entrega de esta paga generalizada a todas las personas "que carezcan de unos ingresos mínimos que les permitan enfrentarse de forma básica a sus proyectos vitales" no llegaría de golpe, sí debe observarse como un proyecto en "tres fases, a largo plazo". La definición de los beneficiarios de esta renta coincide, de hecho, con la efectuada por el PP para su mínimo vital, una deducción general que se aplica en el IRPF y cuyo importe asciende a 3.400 euros anuales, más los complementos exentos familiares. La gran diferencia entre los dos sistemas radica en que el del PP sólo lo perciben quienes declaran la renta, es decir, quienes trabajan, y la del PSOE, la recibirían, principalmente quienes no tienen puesto de trabajo -parados sin cobertura, amas de casa de rentas familiares bajas y jóvenes emancipados en busca de su primer puesto de trabajo-.

La fuente de ingresos que financiaría este coste, aún sin cuantificar, provendría de "un sistema de recaudación que reduzca los privilegios fiscales injustifiados". O lo que es lo mismo, según el PSOE, acabando con el tratamiento fiscal beneficiado de las rentas del capital. La legislación actual permite al ahorro tributar al tipo mínimo del IRPF -el 15%- a partir de un año de antigüedad de la inversión. Para los socialistas ese privilegio debería desparecer, de forma que su tributación fuese la misma que la de los salarios, es decir, que podría llegar al tipo máximo del Impuesto sobre la Renta -actualmente, en un 45% y que, según la propuesta oficial socialista, debería bajar hasta el 30%-.

Pero también pretenden retocar el propio esquema del IRPF. No con un tipo único puro, tal como anunció Zapatero en un primer momento, sino con uno de tres tramos: el primero exento, para los primeros 10.000 euros de salario; el segundo, a un tipo fiscal entre el 25% y el 30%, y el tercero, con un gravamen entre el 30% y el 40%, para las rentas que superen aproximadamente los 40.000 euros. Un impuesto de tres tramos que, fuentes internas del PSOE, consideran que probablemente deba ser el esquema definitivo a seguir a la vista del estado actual de distribución de las capas salariales españolas.

Esta reforma, unida a una reestructuración de la Agencia Tributaria con el objetivo de controlar el fraude fiscal debería permitir un margen financiero suficiente como para rebajar un punto porcentual las cotizaciones sociales, es decir, pasar del 36,9% actual que se queda el Estado del gasto bruto por empleado que costean las empresas, a un 35,9%. El coste de este medida sería de 1.300 millones de euros anuales.

Control del déficit, pero a largo plazo

Ley de Déficit cero: No. Pero sí control del saneamiento público.

¿Cómo se lleva este mensaje a la práctica? Según el PSOE a través de "un compromiso a largo plazo con la estabilidad", o lo que es lo mismo, intentado adaptar el déficit a las situaciones "de los ciclos y la coyuntura". La teoría no es nueva. Y vuelve a sonar estos días en Bruselas como posible propuesta de Francia ante una eventual reforma del Pacto de Estabilidad solicitada por el presidente galo, Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schröder. En la práctica esta propuesta supone suavizar el requisito de déficit cero cuando el país entra en crisis, con el compromiso de recuperar el equilibrio de las cuentas públicas llegado el momento de la recuperación. "Se trata, en consecuencia, de mantener en buen uso los instrumentos de política fiscal con los que cuentan las políticas públicas de estabilidad, asignación y distribución [...] al margen de una interpretación pasiva y doctrinaria del mecanismo de déficit cero", aclara Zapatero.

Por lo demás, los socialistas quieren también reducir la temporalidad en el empleo, sustituyendo el sistema de fomento de la contratación indefinida. Fuentes del PSOE destacan que la reducción general de un 1% en las cotizaciones sociales debería ser estímulo suficiente para no necesitar este tipo de ayudas. Como complemento en el área laboral, Zapatero pretende limitar los programas de bonificación por contratación indefinida a los colectivos con dificultades de inserción laboral y aumentar el apoyo a los emprendedores con la creación de un sistema público de avales y exención de cargas fiscales durante los tres primeros años. Y de paso, una de las grandes peticiones de los autónomos: su cobertura por desempleo.